Sale a la luz un importante documento que aclara este punto clave sobre la consulta popular de Petro

De acuerdo con la ley 1757 del 2015, para que el Presidente Gustavo Petro esté facultado para adelantar vía decreto la consulta popular es necesario que todos los ministros que hacen parte del gabinete estén de acuerdo con la implementación de este recurso y firmen el documento. De lo contrario, este mecanismo de participación ciudadana no podría recibir un concepto en el Senado y, por tanto, no podría convocarse ante la ciudadanía.

Por ello, el primer mandatario colombiano envió un determinante mensaje a sus ministros y, a través de sus redes sociales, amenazó con despedir de su gobierno al ministro que se niegue a firmar el documento que respalde la realización de la consulta popular. “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, fue el mensaje enviado por el jefe de Estado.

¿Por qué buscan hacer la consulta popular por decreto?

De acuerdo con Esteban Salazar, analista político, en caso de que alguno de los ministros no firme el decreto, “por un vicio de trámite, la Corte Constitucional a través de una acción de constitucionalidad, va a declarar la inconstitucionalidad de la consulta y que ni siquiera se podría llevar a cabo la consulta toda vez que, por orden legal, uno de los requisitos es que vaya suscrito por todos los ministros”, según reveló el experto a Caracol Radio.

Sin embargo, el Gobierno Nacional continúa implementando los mecanismos necesarios para llevar a cabo la consulta dado que el Senado rechazó el pasado 14 de mayo la iniciativa, argumentando que la discusión debe continuar en Comisión Séptima y plenaria, y catalogando el decreto presidencial como un intento de usurpación de facultades legislativas.

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Por ello, en los próximos días la Corte Constitucional será la encargada de analizar si la convocatoria por decreto cumple con los requisitos legales, especialmente en materia de procedimiento y aprobación del Senado de la República. De acuerdo con los expertos y sectores opositores al gobierno, este procedimiento estaría violentando el principio de separación de poderes.

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